La población apoya el deseo de Iberdrola de cerrar sus centrales de carbón

En el último trimestre Iberdrola le solicitó al gobierno permiso para cerrar dos centrales de carbón que el grupo aún mantiene operativas en España, en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). La respuesta del Ministro de Energía, Álvaro Nadal fue contundente; afirmando que el Gobierno cree que se necesita mantener el carbón dentro del mix energético, además recordando que decisiones de este tipo, tienen que ser “compatibles” con la política energética.

Pero este debate fue extrapolado a la población en un encuesta de Sigma Dos, publicada en el diario, El Mundo, donde se advierte que el 62% de la población apoyaría a postura de la compañía eléctrica y acometería el cierre de las centrales de carbón, mientras que un 24% se opone a la clausura.

El muestreo también hace una segmentación política, es decir, también muestra los apoyos según el partido político al que el entrevistado votó en las últimas elecciones. En ese sentido; los votantes de Podemos son quienes más apoyan el cierre de las centrales de carbón con un 80.6% (del 62% que apoya el cierre),le siguen los encuestados que votaron a Ciudadanos, con el 68% mientras que los del PSOE lo aprueban un 66% y los del Partido Popular un 55%.

La decisión de la compañía eléctrica de solicitar el cierre unilateral de sus dos centrales eléctricas de carbón en España, ha desatado una auténtica batalla con el ministro Nadal, quien se opone a la clausura con el argumento de que se encarecería la factura de millones de hogares en 2.5 euros al año.

Y es que el temor de Energía no se focaliza en el cierre de estas dos centrales que plantea Iberdrola, sino que su cierre sea imitado por las otras compañías eléctricas y se desate una cascada de ceses en el carbón que desencadene en incrementos mayores de la factura.

Por esta razón, Energía ha respondido a las pretensiones de Iberdrola con un borrador de real decreto que endurece las condiciones de cierre de una central eléctrica, ahora vinculadas únicamente a criterios técnicos y ligados a la seguridad de suministro.

Cuando entre en vigor la nueva normativa, el Gobierno podrá vetar el cese de una instalación si este implicara un encarecimiento de los costes energéticos del país.